Minam vincula al IDL con organización extranjera señalada en crisis del Imiría

El conflicto por el Área de Conservación Regional Imiría escaló a un nuevo nivel tras revelarse documentos oficiales que vinculan al Instituto de Defensa Legal (IDL) con el Shipibo-Conibo Center Inc., organización con sede en Nueva York hoy denunciada por líderes indígenas de Ucayali por presunto uso indebido de la identidad shipibo-konibo, financiamiento de estructuras territoriales y participación indirecta en la radicalización del conflicto amazónico. Mientras el IDL denuncia agresiones y exclusión en el Imiría, organizaciones comunales como ORDIM y FECONALICM rechazan la presencia de la Guardia Indígena, cuestionan la intervención de actores extranjeros como Matteo Norzi y Abou Ferman, y acusan intentos de manipulación política y división interna dentro de las comunidades del lago Imiría y Chauya. En el fondo emerge una disputa más profunda: el control territorial, la representación indígena y el manejo de fondos de cooperación internacional en una de las zonas más sensibles y abandonadas de la Amazonía peruana.

LVU

El conflicto por el Área de Conservación Regional (ACR) Imiría acaba de ingresar a un terreno todavía más delicado. Un documento oficial del Ministerio del Ambiente confirma que el Instituto de Defensa Legal (IDL) ejecutó una intervención financiada por el Shipibo-Conibo Center Inc., organización con sede en Nueva York que actualmente es señalada por líderes indígenas de Ucayali como uno de los actores externos involucrados en la radicalización del conflicto dentro del Imiría. El informe, elaborado tras una reunión entre funcionarios del Minam y la APCI, identifica como fuente cooperante al Shipibo-Conibo Center Inc. en el proyecto denominado “Hacia la consolidación de la primera experiencia exitosa de conservación ecológica con gestión indígena y reconocimiento estatal en los lagos Imiría y Chauya de la Amazonía”, ejecutado entre abril y setiembre de 2024 con un financiamiento de 10 400 dólares.

La revelación adquiere relevancia porque el Shipibo-Conibo Center Inc. ya había sido denunciado formalmente ante el Ministerio de Cultura por autoridades indígenas del lago Imiría. En una carta fechada el 17 de marzo de 2026, dirigentes comunales acusaron a la organización dirigida por el italiano Matteo Norzi y el iraní Abou Ferman de utilizar el nombre del pueblo shipibo-konibo sin autorización colectiva, promoviendo actividades de recaudación de fondos y agendas políticas y territoriales sin consulta previa. En el documento, las autoridades indígenas advierten que se estaría generando “fragmentación social” mediante estructuras financiadas desde el extranjero y solicitan al Estado impedir que la denominación “Shipibo-Konibo” sea utilizada internacionalmente sin autorización de las propias comunidades.

Jorge Fernández Ramos, denunció que los conflictos sociales registrados en territorios indígenas.

El pronunciamiento no proviene de actores ajenos al territorio, sino de organizaciones asentadas dentro del ámbito del ACR Imiría. Entre los firmantes aparecen dirigentes vinculados a ORDIM y FECONALICM, además de jefes comunales de sectores como Nuevo Loreto, Buenos Aires, Nuevo Egipto y Caimito. En otro memorial emitido el 11 de marzo de 2026, estas organizaciones rechazaron expresamente cualquier vínculo con COSHICOX, la Guardia Indígena y OICDARLICH, señalando que dichas agrupaciones “no representan la posición ni los intereses de nuestras comunidades”. El documento también respalda la continuidad del Área de Conservación Regional y el trabajo articulado con la Autoridad Regional Ambiental (ARA).

Firmas de jefes comunales del Área de Conservación Regional (ACR) Imiría

Esa postura contradice directamente la narrativa impulsada durante las protestas registradas desde febrero en Junín Pablo y otros sectores del Imiría. Las movilizaciones fueron promovidas inicialmente por la denominada “Organización Indígena y Campesina en Defensa de las Áreas y Recursos Naturales del Lago Imiría y Chauya”, liderada por Jeremías Cruz, y posteriormente respaldadas por COSHICOX y miembros de la llamada Guardia Indígena Shipiba. Sin embargo, conforme el conflicto escaló, varias comunidades comenzaron a desmarcarse y acusaron que el nombre de las bases estaba siendo utilizado sin autorización para legitimar acciones que no habían sido consultadas comunalmente.

El propio Melquisedec Arévalo Gómez, presidente de ORDIM, terminó convirtiéndose en una de las voces más críticas frente a la intervención externa en el conflicto. En distintos comunicados y memoriales sostuvo que las decisiones sobre el territorio deben tomarse dentro de las propias comunidades y no desde organizaciones que “no viven en nuestra tierra y no conocen nuestra realidad”. Para Arévalo, el problema central no es únicamente la mala gestión del ACR, sino el aprovechamiento político del conflicto por actores externos que terminaron profundizando divisiones históricas dentro de los pueblos shipibo-konibo asentados en la zona.

Adán Sánchez Huayta, dirigente de FECONALICM, también firmó pronunciamientos en los que rechaza versiones difundidas desde Lima sobre supuestas agresiones sistemáticas contra defensores indígenas. En un documento fechado el 7 de abril, organizaciones comunales acusaron directamente al IDL de difundir “mentiras por redes sociales y medios de comunicación” y sostuvieron que quienes realmente fueron atacados eran pobladores locales y autoridades comunales que buscaban recuperar el control territorial dentro del Imiría. El texto afirma incluso que algunos grupos externos “trajeron la violencia” al territorio bajo el discurso de protestas pacíficas.

Sin embargo, desde otra mirada, investigadores y actores ligados históricamente a procesos de conservación sostienen que el origen del conflicto no puede reducirse únicamente a la intervención de ONG o actores externos. En análisis recientes sobre el Imiría, el periodista e investigador Iván Brehaut advierte que el trasfondo del problema está también en años de abandono estatal, mala gestión ambiental y opacidad en el manejo de recursos destinados a la conservación. Según esa posición, la crisis actual refleja el fracaso de sucesivas administraciones de la ARA para consolidar gobernabilidad territorial, ejecutar proyectos sostenibles y responder a demandas históricas de las comunidades asentadas dentro del área protegida. Brehaut también menciona investigaciones sobre proyectos de reforestación inconclusos, pagos pendientes y pérdida de confianza de las comunidades frente al Estado regional.

La confrontación alcanzó dimensión nacional luego de que el Instituto de Defensa Legal difundiera una alerta pública denunciando agresiones físicas contra defensores indígenas tras más de 40 días de protesta en el ACR Imiría. El comunicado del IDL sostenía que aproximadamente 90 personas irrumpieron violentamente en un campamento instalado por manifestantes y advertía sobre presuntas violaciones de derechos humanos y omisión estatal. Esa versión fue respaldada por organizaciones cercanas a COSHICOX y por abogados vinculados al conflicto, entre ellos Linda Vigo, mencionada reiteradamente en los pronunciamientos comunales y en denuncias de dirigentes locales.

Pero mientras el enfrentamiento discursivo crecía, el Gobierno Regional de Ucayali optó por el repliegue operativo. La Autoridad Regional Ambiental suspendió presencia física en la zona alegando riesgos de violencia, dejando prácticamente sin control estatal un territorio estratégico de más de 135 mil hectáreas donde históricamente operan actividades ilegales vinculadas a tala, pesca indiscriminada y narcotráfico. La ausencia institucional terminó agravando el vacío de autoridad y permitió que la disputa política y territorial escalara entre facciones indígenas enfrentadas.

Protesta de pobladores de Imiría afueras del GOREU

En medio de esa crisis aparece otro elemento sensible: la cooperación internacional vinculada al Imiría. El documento del Minam confirma que la APCI registró al Shipibo-Conibo Center Inc. como fuente cooperante luego de que fuera reportado por el IDL. Aunque la APCI aclaró que estas organizaciones extranjeras no están obligadas a registrarse formalmente mientras no ejecuten directamente proyectos de cooperación, el hallazgo reforzó las sospechas de dirigentes amazónicos que desde hace meses advertían sobre financiamiento externo detrás de las protestas y estructuras organizativas dentro del conflicto.

Resumen reunión APCI organización Shipibo Inc

La paradoja es que, pese a la confrontación, casi todos los actores coinciden en algo: el ACR Imiría no debe desaparecer. Incluso las organizaciones más críticas admiten que eliminar el área protegida abriría la puerta a invasiones, parcelaciones y expansión irreversible de economías ilegales. El verdadero conflicto parece estar en otro lado: quién controla políticamente el territorio, quién representa realmente a las comunidades y quién administra el poder —y los recursos— que circulan alrededor de una de las zonas más sensibles y olvidadas de la Amazonía peruana.