DREM al límite: Fiscalía investiga a funcionarios mientras afloran denuncias por violencia y otros delitos

La Fiscalía amplió por 60 días la investigación contra Roque López Mathews y Jaime López Zevallos por presunta contratación ilegal y falsedad genérica en la Dirección Regional de Energía y Minas de Ucayali. Registros policiales atribuidos a López Zevallos consignan denuncias por violencia familiar —incluidas agresiones contra menores—, mientras que López Mathews registra intervenciones por conducción en estado de ebriedad y denuncias por apropiación ilícita, en una oficina clave en medio del debate por el gas, los combustibles y la calidad energética en la región.

Redacción LVU

La Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Ucayali atraviesa uno de sus momentos más críticos. La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo decidió ampliar por 60 días la investigación preliminar contra Roque Gotardo López Mathews y Jaime López Zevallos por presuntos delitos de contratación ilegal de cargo y falsedad genérica. La disposición, emitida el 18 de marzo, ratifica que el caso no se cierra, sino que entra en una fase más delicada, con nuevas diligencias, citaciones y requerimientos de información a entidades públicas.

“El plazo inicial ya había vencido, pero resulta necesario continuar con la recopilación de elementos de convicción”, señala el documento fiscal. En términos prácticos, la ampliación implica que la Fiscalía considera insuficiente lo recabado hasta ahora y que existen elementos que ameritan profundizar la investigación. El expediente, lejos de enfriarse, se recalienta en una dependencia que administra decisiones técnicas con impacto directo en millones de soles y en el control de actividades estratégicas.

Pero el problema no termina en la investigación fiscal. Documentos oficiales revisados revelan que ambos implicados registran antecedentes en el sistema policial y fiscal, lo que abre un frente aún más incómodo: la idoneidad de quienes han tenido responsabilidad en la DREM. En el caso de Roque López Mathews, figuran intervenciones por conducción en estado de ebriedad —con registro policial en 2022—, así como denuncias por apropiación ilícita en un contexto familiar. También aparecen procesos fiscales archivados, que dan cuenta de un historial legal activo, aunque sin condena.

El caso de Jaime López Zevallos golpea con mayor crudeza. Registros policiales de 2019 consignan una denuncia por presunta violencia física y psicológica contra su pareja y sus hijos menores, en hechos ocurridos en su domicilio en Callería. La documentación incluye actuaciones vinculadas a medidas de protección en el marco de la legislación sobre violencia familiar. “Se dejó constancia de agresiones físicas y psicológicas en agravio de la denunciante y de los menores”, señala uno de los partes policiales, evidenciando un contexto que trasciende lo administrativo y entra en el terreno de la integridad personal.

Aunque estos antecedentes no forman parte directa del objeto de la investigación fiscal en curso, su existencia introduce un elemento que no puede soslayarse: la evaluación de perfiles en cargos públicos sensibles. La DREM no es una oficina menor. Es la entidad encargada de supervisar la formalización minera, el control de hidrocarburos y el desarrollo energético en una región donde conviven economías legales e ilegales, con alta presión sobre los recursos.

Y el contexto agrava aún más el escenario. Ucayali enfrenta hoy una discusión intensa sobre el abastecimiento de combustibles, la variación de precios, la calidad del diésel —incluido el cuestionamiento por altos niveles de azufre— y el impulso a la masificación del gas como alternativa energética. En ese tablero, la DREM juega un rol técnico clave: fiscaliza, emite opiniones, articula políticas y, en la práctica, influye en decisiones que afectan directamente a la economía regional y a la canasta básica.

En ese sentido, la permanencia de funcionarios bajo investigación fiscal y con antecedentes policiales en su historial tensiona la credibilidad institucional. No se trata solo de un expediente en curso, sino de la capacidad del Estado para garantizar que quienes ocupan posiciones estratégicas cumplan estándares mínimos de idoneidad. En regiones como Ucayali, donde el combustible mueve no solo vehículos, sino cadenas productivas enteras —transporte, forestal, energía—, cualquier fisura institucional tiene efectos concretos.

Por ahora, el Ministerio Público ha dejado claro que el caso sigue abierto y bajo seguimiento. Los próximos 60 días serán determinantes para establecer responsabilidades o descartar imputaciones. Pero más allá del desenlace fiscal, el caso ya instala una pregunta incómoda en el centro del debate público: ¿quién está controlando realmente un sector tan sensible como Energía y Minas en la Amazonía, y bajo qué estándares se está permitiendo ese control?