Subgerenta Génesis Rojas rechazaba denuncias de “abusos” que sufrían los niños de la Aldea San Juan

La encargada de velar por los derechos de los más vulnerables en la región no sólo cuestionaba la labor periodística de este medio digital, cuyas denuncias en torno a las “torturas” dentro del refugio fueron confirmadas por la Defensoría y el Inabif, sino que también defendía ciegamente a la directora Lila Zea Panaifo, quien será investigada en la Fiscalía por recomendación de las autoridades.

Escribe: Diana Tang

La indiferencia de Rojas Santos pudo haber perjudicado las investigaciones. | LVU

Por más indignante que parezca, cuando La Voz Ucayalina comenzó a publicar la serie de reportajes que revelaron los diversos tipos de maltratos a los que eran sometidos los niños de la Aldea Infantil San Juan, la subgerenta de la Juventud, Poblaciones Vulnerables y Proyectos Sociales del Gobierno Regional, Génesis Rojas Santos, calificó de “tendenciosas” y “difamatorias” las denuncias periodísticas que se publicaron desde octubre del 2021.

Y es que Rojas Santos, quien debería preocuparse en velar por la protección y defensa de los derechos de los jóvenes desprotegidos, no tuvo mejor idea que criticar la labor de la prensa desde sus redes sociales, pese a que acreditamos con fotografías, documentos y testimonios -en tres informes presentados por este medio digital- que los residentes del refugio estaban expuestos a medicamentos vencidos y alimentos podridos.

“Tras unas publicaciones tendenciosas y difamatorias por un ‘medio de investigación periodística’, se ha intentado empañar el gran trabajo que han venido desarrollando nuestras dos últimas directoras, Patricia Vásquez Chu y Lila Zea Panaifo, por lo que nos hemos visto en la imperiosa necesidad de salir a desmentir públicamente dichos hechos”, se quejó la funcionaria desde su cuenta de Facebook el pasado 29 de octubre.

Informe periodístico que demostró las irregularidades de la administración Zea Panaifo. | LVU

Pero fue la Defensoría del Pueblo la que desmintió sus afirmaciones con un demoledor informe que revela que los jóvenes del centro de acogida residencial eran sometidos a “tratos inhumanos” y “torturas” de todo tipo. Además, el oficio denuncia que “las autoridades responsables de la administración (de la Aldea Infantil San Juan) no han adoptado las medidas necesarias para garantizar condiciones de vida digna, afectando el derecho a la vida e integridad personal”.

Según el informe N°01-22021-DP, el albergue “no cuenta con constancia de acreditación ante el Registro Central de Instituciones, tampoco con licencia de funcionamiento ni con certificado de Defensa Civil”, razones más que suficientes para despedir a la directora Lila Zea Panaifo y sus subordinados, que serán investigados penalmente por el Ministerio Público “por vulnerar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad”.

“Se observó que los residentes con discapacidad tenían un aspecto famélico, algunos no están incorporados al SIS, no cuentan con certificado de discapacidad y no están incorporados en ninguna institución de educación básica regular o alternativa. Las personas mayores de edad con discapacidad no cuentan con patrocinio legal para el reconocimiento y/o designación de apoyo que garantice el ejercicio de su capacidad jurídica”, concluye el reporte.