Santa Clara de Uchunya exige justicia frente a la usurpación de su territorio ancestral

La comunidad nativa denuncia la invasión de sus tierras tituladas por parte de la familia Agurto Flores, exige su desalojo y advierte que la disputa legal no solo amenaza su territorio, sino también su futuro colectivo y proyectos de desarrollo.

Redacción LVU

En los exteriores de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, los comuneros de Santa Clara de Uchunya, en el distrito de Nueva Requena, se concentran con una sola demanda: justicia. La comunidad, liderada por su apu Wilson Barbarán, enfrenta un proceso legal por la usurpación de tierras agrícolas que consideran ancestrales, invadidas por miembros de la familia Agurto Flores, quienes, según denuncian, no solo ocupan el territorio comunal sino que también amenazan a sus habitantes.

La historia de Santa Clara de Uchunya es la de muchas comunidades originarias amazónicas: décadas de desplazamientos, titulación parcial de tierras y una lucha constante por conservar lo que les pertenece. En este caso, la comunidad recuerda que en el pasado fueron reconocidos como titulares de 218 hectáreas, pero la fuerza de la naturaleza y la presión externa han reducido su espacio a apenas 70 hectáreas. “Nosotros somos dueños de tierras porque ya tenemos los títulos, tenemos registrados totalmente todos los documentos”, afirma el apu Barbarán, recordando que en 2014 establecieron un lindero para proteger lo que quedaba de su territorio.

Sin embargo, los límites no bastaron. La familia Agurto, con la que colindan desde hace décadas, ha ido extendiendo su presencia y hoy sus hijos —denuncia Barbarán— se han instalado dentro de la zona comunal, alentando a otros a hacer lo mismo. “Ellos han tenido cantidad de terreno en aquellos años, pero ese terreno lo han vendido. Y ahora quieren seguir avanzando sobre lo nuestro”, señala el líder indígena. La comunidad ha pedido a la justicia que emita una medida cautelar de desalojo para recuperar su territorio, pero el proceso avanza con lentitud y el conflicto se agrava.

La defensa legal de los comuneros cuestiona el principal argumento de los Agurto: una constancia de posesión del año 2014. Para Barbarán, ese documento carece de vigencia y no puede usarse para justificar la ocupación actual. “Desde el 2014 hasta el 2025, ¿cuántos años han pasado sin que ratifiquen sus documentos?”, se pregunta, subrayando que la permanencia de la familia carece de sustento legal. Según explica, la comunidad presentó su denuncia en septiembre de 2024, pero a un año del proceso, los invasores continúan en el lugar sin que se concrete el desalojo.

La disputa no es solo jurídica: se trata del futuro mismo de Santa Clara de Uchunya. Con un territorio cada vez más reducido, la comunidad ve amenazados sus proyectos de desarrollo, como el cultivo de 40 hectáreas de plátano en alianza con DEVIDA, iniciativa que esperan ampliar para generar ingresos y oportunidades. “Queremos ampliar más siembras y producir, traer un beneficio para toda la región. Al tener un racimo de plátano, llega al mercado”, explica Barbarán, quien insiste en que la defensa territorial es también una apuesta por el bienestar colectivo.

En medio de esta batalla legal, el liderazgo comunal busca mirar más allá del conflicto inmediato. Barbarán enfatiza que el objetivo no es solo conservar la tierra sino también formar a las nuevas generaciones y garantizar que la comunidad tenga un futuro digno. “Queremos emplear trabajo dentro de la comunidad y mandar a preparar a los jóvenes para que mañana sean el futuro. Que sean profesionales, no como nosotros hemos sido”, dice, convencido de que la educación es clave para fortalecer la autonomía indígena.

El proceso judicial, sin embargo, se convierte en un espejo de la brecha histórica entre las comunidades nativas y el sistema legal peruano. A pesar de contar con títulos de propiedad y haber agotado instancias, Santa Clara de Uchunya sigue esperando una resolución firme que ordene el retiro de los invasores. “Ya hemos llegado a toda instancia, pero no hay solución. Por eso pedimos verdaderamente justicia para que nos acrediten totalmente”, reclama Barbarán, quien asegura que la comunidad ha dejado atrás los enfrentamientos del pasado y apuesta por la vía legal.

Mientras tanto, la tensión continúa creciendo en Nueva Requena. Cada día que pasa sin una decisión judicial aumenta el riesgo de que la ocupación avance y el territorio comunal se reduzca aún más. Desde las puertas del tribunal, el apu Wilson Barbarán lanza un mensaje directo a los magistrados que tienen en sus manos el caso: “Nos han recibido y les agradecemos, pero no estoy solo, estoy con mis moradores. Todos estamos aquí porque queremos justicia”. La espera se alarga, pero Santa Clara de Uchunya no retrocede: su lucha por la tierra es también una lucha por su identidad, su futuro y su derecho a existir en paz.