Violencia en la UNIA ocurrió tras retiro policial pese a mandato vigente

Los actos de violencia registrados el 19 de diciembre en la UNIA ocurrieron en un contexto de omisión policial, pese a que la Policía Nacional reconocía a Hernán Ávila Morales como rector interino conforme a SUNEDU. La falta de intervención facilitó un escenario que hoy mantiene paralizada a la universidad.

Redacción LVU

UNIA en su hora más oscura. Pugna por el poder tendrá consecuencias académicas.

Los hechos de violencia ocurridos la noche del 19 de diciembre en la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía (UNIA) se produjeron en un contexto institucional crítico, marcado por la disputa por el control del rectorado y por decisiones policiales que, según un dictamen legal de la Región Policial Ucayali, se apartaron del marco administrativo vigente.

De acuerdo con dicho dictamen, la Policía Nacional del Perú reconocía a Hernán Ávila Morales como rector interino de la UNIA, en concordancia con las resoluciones emitidas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), por lo que correspondía brindar apoyo policial para garantizar el orden público y su toma de mando dentro del campus universitario.

Sin embargo, ese respaldo no se materializó. El comisario de Yarinacocha, mayor PNP Carlos Donayre, pese a haber ingresado a la universidad durante la tarde del 19 de diciembre, se retiró posteriormente del campus, dejando un vacío de control y autoridad que precedió a los actos de violencia registrados horas después, sin que se dispusiera una intervención preventiva efectiva.

Intervención policial pudo frenar violencia e intervención de personajes con prontuario.

Durante la noche, un grupo de personas ingresó de manera violenta a las oficinas del rectorado, ocasionando destrozos, agresiones físicas y una situación de alto riesgo para estudiantes, docentes y personal administrativo que se encontraban en el lugar. Las denuncias formales presentadas posteriormente incluyen presuntos delitos graves, entre ellos tentativa de homicidio y tocamientos indebidos.

Las grabaciones difundidas y los testimonios recogidos indican que las cámaras de seguridad de la universidad se encontraban apagadas durante los hechos, lo que impidió que la propia institución registrara imágenes de las agresiones y los daños materiales, situación que ha sido calificada como altamente sospechosa por docentes y miembros de la comunidad universitaria.

Documento de asesoría jurídica de la PNP que reconoce la resolución de SUNEDU que nombra a Ávila -que no es ningún santo- rector interino.

En paralelo, un acta fiscal consigna que, la tarde del 19 de diciembre, el Ministerio Público recibió una comunicación informal alertando sobre un supuesto secuestro del entonces rector Juan López Ruiz; no obstante, no se formalizó ninguna denuncia por este hecho, y el material audiovisual posterior descartó que se tratara de una privación de la libertad.

Mientras no se esclarezcan las responsabilidades por la omisión policial del 19 de diciembre y no se restablezca una línea clara de autoridad conforme al marco legal vigente, la UNIA permanece sumida en una crisis institucional sin precedentes, con la gobernabilidad colapsada, recursos inmovilizados y una comunidad universitaria expuesta a nuevos episodios de confrontación.