Saweto: el largo viaje de regreso de la justicia

La captura del ingeniero forestal Hugo Soria Flores, condenado a 28 años y tres meses de prisión por el asesinato de Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo, vuelve a poner frente a frente dos historias: la que durante años creció entre rumores, acusaciones y mitos en las orillas del Alto Tamaya, y la que finalmente consiguió reconstruir la justicia peruana mediante una compleja cadena de indicios. La Voz Ucayalina llegó hasta Saweto en 2022 y escuchó allí algunas de esas historias. Ni Chota fue el personaje inmaculado que cierta narrativa terminó construyendo, ni las versiones que lo presentaron como narcotraficante —o incluso como un hombre que nunca murió— consiguieron convertirse en pruebas. Doce años después del crimen, dos condenados están finalmente en prisión, dos hermanos continúan prófugos y todavía queda un nombre flotando sobre esta historia: Eurico Mapes.

Hugo Enrique Alejos

Alrededor de 50 personas habitan en Alto Tamaya-Saweto.

El 6 de agosto de 2022, La Voz Ucayalina emprendió un viaje hacia Saweto. Este medio navegó junto a Lita Rojas, viuda de Leoncio Quintisima, y parte de su familia hacia uno de los lugares más apartados de Ucayali. El recorrido remontó una geografía que los expedientes reducen a nombres: el Tamaya, el Putaya, el Alto Tamaya y, finalmente, Saweto, cerca de una frontera donde durante décadas la presencia del Estado fue mucho menos perceptible que la de quienes ingresaban al bosque buscando madera.

En el bote viajaban también los hijos de Lita. Uno de ellos tendría entonces unos nueve años. Había nacido alrededor de 2013, poco antes de que asesinaran a su padre. Durante la noche, mientras el Tamaya carcomía la playa en donde acampábamos, el niño hablaba de un bosque distinto al que describen los inventarios forestales. Contó que los motelos, las grandes tortugas terrestres amazónicas, provenían de una antigua historia relacionada con la Luna: algo en ella se había dividido y aquellas partes habían terminado caminando sobre la tierra convertidas en animales. Habló también de un ave cuyo canto, escuchado frente al río, podía anticipar la suerte de quienes viajaban. La memoria conserva el relato, aunque no sobrevivió la grabación. La literatura etnográfica ayuda a comprender su sentido. Para los ashéninka existió un tiempo remoto llamado poerani, “antes”, cuando animales y personas todavía no poseían necesariamente las formas actuales, hablaban una misma lengua y estaban próximos a los seres divinos. En aquellas narraciones, Náviri y su nieto Amenchamiri recorren el mundo transformando seres humanos en animales, plantas y piedras. El universo se divide además en distintos planos y, sobre la tierra de los mortales, aparecen el Sol, los espíritus y Kashiri, la Luna, concebida tradicionalmente como una entidad masculina. No existe una sola versión cerrada de esos relatos: cambian entre lugares, familias y generaciones. Por eso quizá nunca aparezca en un libro exactamente el motelo que recordó aquel niño de Saweto. Pero la lógica profunda de su historia permanece en la tradición: hubo un tiempo en que hombres, animales y dioses podían transformarse unos en otros, y el bosque todavía conserva las huellas de aquellas transformaciones.

Hijos y nietos de Leoncio Quintisima recorren tres días los ríos Ucayali y Tamaya para llegar a su comunidad.

Edwin Chota también llegó alguna vez a ese mundo desde afuera. Nació y creció en Pucallpa y no era ashéninka de nacimiento. Antes de convertirse en jefe de Saweto había sido electricista, había trabajado lejos de la comunidad y acumulado una vida bastante menos lineal que la imagen que posteriormente se construiría alrededor suyo. Terminó formando una familia ashéninka, aprendiendo aquella realidad y convirtiéndose en uno de sus dirigentes. La distinción importa. Chota no necesita haber nacido ashéninka ni haber sido un hombre sin contradicciones para explicar por qué terminó enfrentado a quienes extraían madera del territorio que había decidido defender.

Tampoco necesita ser convertido en santo. Una de las consecuencias desafortunadas de la enorme exposición internacional del caso fue reducir una historia compleja a personajes demasiado sencillos: indígenas indefensos de un lado y madereros perversos del otro. Saweto fue bastante más áspero. Había negocios, familias, relaciones entre comunidades, madereros, habilitadores, trabajadores, autoridades ausentes y hombres acostumbrados a resolver sus conflictos a días de navegación de una comisaría. Comprender esa realidad desde la interculturalidad no significa justificar el crimen. Significa precisamente evitar que la pobreza o la condición indígena sustituyan a las pruebas. Los cuatro hombres asesinados merecían justicia porque eran ciudadanos peruanos. Punto.

Extracción ilegal de madera continua en la zona, aunque reducida.

Y pruebas hubo. El 8 de abril de 2013, una intervención forestal encontró más de 650 trozas de distintas especies en Magiselva. Ese mismo día, Chota y Jorge Ríos volvieron a denunciar ante la Fiscalía Ambiental la tala ilegal. En el aserradero Forza Nuova fueron encontradas 986 trozas y parte de esa madera fue inmovilizada. Según la reconstrucción fiscal posteriormente acogida por los jueces, Hugo Soria Flores apareció reclamando la titularidad de aquellas trozas. Un acta fiscal del 9 de abril de 2013 dejó registrada además una amenaza contra Chota: “un sawetino va a morir”.

Entonces comenzó también la guerra de denuncias. Entre 2013 y 2014, representantes de ECOFUSAC y personas vinculadas a ellos denunciaron a Chota y otros comuneros por homicidio, falsedad ideológica, amenazas y narcotráfico. Un escrito de oposición a la titulación de Saweto llegó a presentar a Chota como un mestizo que pretendía aprovecharse de la comunidad y sostuvo que utilizaba la cercanía con Brasil para traficar drogas. Ese documento existe. La acusación existió. Lo que no produjo fue una prueba capaz de transformar a Edwin Chota en narcotraficante. Años después, convertir aquella imputación en una verdad comprobada significa omitir precisamente el contexto en que apareció: el enfrentamiento por la titulación de Saweto y las denuncias contra la extracción de madera.

Ergilia Rengifo y Lita Rojas, viudas de Jorge Rios y Leoncio Quintisima.

Cuando La Voz Ucayalina llegó a la zona en 2022, todavía circulaban historias más extraordinarias. Una aseguraba que Edwin Chota estaba vivo. El medio la escuchó allí, entre pobladores de esa frontera, como tantas historias que sobreviven durante años cuando la distancia, el miedo y la desconfianza ocupan el espacio que debería ocupar el Estado. Escucharla era periodísticamente relevante. Probarla era otra cosa. Nunca apareció evidencia capaz de sostenerla frente a una investigación por cuatro homicidios, el hallazgo de restos, testimonios, pericias y años de actuaciones fiscales y judiciales.

El 1 de septiembre de 2014, Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo viajaban hacia Apiwtxa, en Brasil, para participar en una reunión relacionada precisamente con la tala ilegal. No llegaron. Según la reconstrucción judicial, fueron interceptados y emboscados cerca de la quebrada Putaya, en un lugar donde prácticamente no tenían posibilidad de escapar. La forma en que murieron permite dimensionar la brutalidad de aquella emboscada: los peritajes sobre los restos determinaron que Edwin Chota recibió 21 impactos de perdigones, 12 de ellos en la cabeza, mientras Leoncio Quintisima recibió nueve, tres en la cabeza. Doce informes periciales de balística concluyeron que se emplearon más de cuatro armas de fuego, principalmente escopetas, lo que respaldó la tesis de un ataque ejecutado por varias personas. Diez días después comenzaron a encontrarse restos humanos y pertenencias de las víctimas en el bosque. No fue una discusión que terminó mal ni un encuentro fortuito en mitad de la selva: para los jueces, aquella violencia y las condiciones en que fueron sorprendidos acreditaron la alevosía del homicidio.

Jueces de la Corte de Ucayali sentenciaron bajo prueba indiciaria.

La reconstrucción judicial terminaría colocando en el centro del caso a Hugo Soria Flores y José Carlos Estrada Huayta como autores mediatos, y a los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix como coautores. La Fiscalía sostuvo que actuaron organizadamente y presentó como elemento decisivo la declaración de un testigo protegido, contrastada con los demás indicios acumulados durante el proceso. Según la sentencia de segunda instancia, los cuatro dirigentes fueron interceptados por Eurico Mapes Gomes y los hermanos Atachi Félix y muertos con escopetas por orden de Soria y Estrada.

Ese testigo aportó una pieza especialmente oscura. Declaró que el 29 de agosto de 2014, apenas días antes de los asesinatos, escuchó a Soria, Estrada, Eurico Mapes y los hermanos Atachi mientras insultaban y amenazaban a Chota en Putaya. El dirigente había llegado allí para realizar una llamada telefónica. Según su testimonio, lo sujetaron del cuello y lo golpearon contra el teléfono antes de amenazarlo de muerte. Al día siguiente, siempre según el testigo, escuchó una conversación en la que se habló abiertamente de matar a los cuatro dirigentes. Y el 2 de septiembre afirmó haber presenciado el regreso de quienes anunciaban que el encargo ya estaba cumplido y reclamaban su pago. El Juzgado Penal Colegiado concluyó que aquella declaración encontraba corroboración en otras fuentes del proceso.

Saweto continúa siendo uno de los lugares más inaccesibles de la región Ucayali.

La escena no apareció sola: detrás estaban las denuncias por tala, las trozas incautadas, las amenazas anteriores, los conflictos por la tierra, los caminos abiertos dentro del bosque y una larga sucesión de documentos. Por eso Saweto se convirtió en un caso singular de construcción mediante prueba indiciaria: ningún indicio necesitaba contar toda la historia porque la fuerza estaba en su convergencia.

Hay, sin embargo, otro apellido que nunca terminó de abandonar el expediente: Mapes. Antes de morir, Chota había denunciado las actividades de Eurico Mapes Gómez y de su padre, Adeuzo Mapes Rodríguez, conocido como “Capelón”. Los Mapes estuvieron en la primera línea de investigación y Eurico llegó incluso a ser condenado junto con los demás acusados en el primer fallo de 2023, posteriormente anulado. En el nuevo proceso, su situación tomó un camino distinto y la condena finalmente confirmada en 2025 comprendió a Soria, Estrada y los hermanos Atachi. No es jurídicamente correcto convertirlo en uno de los cuatro condenados actuales. Tampoco lo es decir que fue declarado inocente.

Empresario maderero José Carlos Estrada Huayta, dueño de Ecofusac, empresa perjudicada por las denuncias de Edwin Chota.

La justicia tampoco llegó en línea recta. El caso pasó por fiscales, juzgados, anulaciones y años de incertidumbre. Hubo una primera condena en febrero de 2023 contra cinco acusados. Aquella decisión fue anulada y el juicio volvió a empezar. En abril de 2024 llegó una nueva sentencia contra cuatro procesados. Finalmente, el 26 de agosto de 2025, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Ucayali confirmó los 28 años y tres meses de prisión para Soria, Estrada y los hermanos Atachi, elevando además de S/200 000 a S/400 000 la reparación civil solidaria para los sucesores de las cuatro víctimas.

Pero una sentencia escrita no mete a nadie en prisión. Durante meses los cuatro condenados estuvieron fuera del alcance de la justicia. El primero en caer fue José Carlos Estrada Huayta, detenido el 4 de mayo de 2026 en una chacra de Campoverde. Después de más de una década para obtener una condena, faltaba todavía algo tan elemental como conseguir que los hombres sentenciados fueran encontrados.

Hugo Soria Flores, quien, según testimonios, amenazó a Chota. “Un sawetino va a morir”, dijo tras inmovilización de alrededor de S/300 000 en madera.

Esta semana cayó el segundo. Hugo Soria Flores, ingeniero forestal y uno de los hombres situados por la sentencia en el extremo superior de la cadena criminal, fue capturado en Ucayali. Este miércoles 19 de agosto, el Poder Judicial ordenó su internamiento para comenzar a cumplir los 28 años y tres meses impuestos por homicidio calificado con alevosía. Quedan pendientes los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix.

Han pasado casi doce años desde aquella mañana de septiembre y cuatro desde que este medio remontó el río con Lita Rojas y su familia. Aquel niño de nueve años que viajaba contando el origen de los motelos tendría hoy alrededor de trece. Creció sin Leoncio Quintisima, pero conservando historias mucho más antiguas que su padre, que su comunidad y que el propio expediente Saweto. Algunas seguirán pasando de padres a hijos, como ocurre desde mucho antes de que existieran fiscales, concesiones forestales o juzgados en el Alto Tamaya. Otras historias —Chota narcotraficante, Chota escondido, Chota vivo— sobrevivirán seguramente porque los rumores también saben navegar.

Edwin Chota, pucallpino fue acusado de traficar drogas e incluso de homicidio. Fiscalía desestimó todas las denuncias en su contra.

Pero existe una diferencia. Los mitos del bosque no pretenden ser expedientes judiciales. La justicia exige pruebas. Y después de una investigación accidentada, dos juicios, una sentencia anulada, otra condena y una revisión en segunda instancia, la justicia peruana concluyó que Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo fueron asesinados y estableció quiénes debían responder por esas muertes. José Estrada ya duerme en prisión. Hugo Soria acaba de llegar. Los Atachi todavía deben hacerlo. Y en algún punto de esta larga historia queda pendiente esclarecer definitivamente la situación de Eurico Mapes. Saweto sigue lejos. Esta vez, al menos, la justicia comenzó finalmente a recorrer el camino.