Ucayali frente al abandono: crimen, impunidad y un Estado ausente que deja solos a los defensores del territorio

“¿Usted quiere que responda para que mañana me metan un balazo, no?”, advirtió el alcalde provincial de Atalaya, Pacho Mendoza, al ser consultado por la periodista Anuska Buenaluque durante el reportaje emitido por Epicentro TV. “Que se muera esa desgraciada por denunciar”, fue lo que escuchó la comunera Jessica Díaz mientras fue golpeada y amarrada bajo el sol por denunciar minería ilegal. Las dos frases sintetizan el nivel de riesgo, violencia e impunidad que enfrentan quienes protegen el territorio en Ucayali y zonas limítrofes de la Amazonía peruana.

Redacción LVU

Unipacuyacu, en el límite entre Ucayali y Huánuco.

En la comunidad nativa de Unipacuyacu, en el límite entre Huánuco y Ucayali, los líderes indígenas caminan entre cercos de alambre, narcopistas y pozas de maceración como quien atraviesa un territorio tomado. Allí, donde defender el bosque puede costar la vida, se resume la crudeza de un problema que crece sin respuesta real del Estado. Lo ocurrido en Paucarcito —una comunidad donde mujeres han sido torturadas por denunciar minería ilegal— confirma que la Amazonía se ha convertido en un espacio donde impera la ley del más fuerte y donde el Estado llega tarde, poco o nunca.

Según el reportaje “Ucayali: crimen y resistencia”, de la periodista Anuska Buenaluque, difundido a nivel nacional por Epicentro TV, Ucayali es hoy el departamento con mayor número de defensores ambientales asesinados (19) y con más liderazgos amenazados (226), de los cuales solo 105 cuentan con medidas de protección en papel. La expansión de economías ilegales ya ha dejado huellas imborrables: solo entre 2023 y 2024 se deforestaron 65 mil hectáreas de bosque, mientras 92 narcopistas operan en la región y zonas aledañas, consolidando corredores de droga, violencia y corrupción.

Abandono del Estado pone en amenaza a comuneros.

Las denuncias registradas son desgarradoras. La policía llega poco, la Fiscalía menos, y cuando llegan, no encuentran a nadie. En Unipacuyacu, el crimen organizado ha copado tierras comunales, rutas fluviales y áreas naturales protegidas. “Oiga, si yo llego a una poza de maceración, ¿por qué no llega la policía?”, reclamó un comunero ante las cámaras, incapaz de comprender por qué los periodistas llegan antes que el Estado.

La inacción estatal ha sido reconocida por sus propios funcionarios. Alexander Fasanando, fiscal de la Fiscalía de Derechos Humanos e Interculturalidad, admitió que la protección a defensores se reduce a trámites y llamadas, sin medidas efectivas. Y el fiscal José Luis Guzmán Ferro, titular de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) en Ucayali, fue contundente: “Estamos en un nivel donde ya escapa del control del Estado porque hay mucha corrupción.” Estas afirmaciones confirman lo que las comunidades vienen denunciando hace más de una década: la impunidad se ha convertido en regla.

Pobladores viven en constante amenaza.

Las autoridades locales tampoco se sienten libres para hablar. Desde Atalaya, el alcalde Pacho Mendoza advirtió el riesgo que implica señalar públicamente el avance del narcotráfico en su provincia. Su frase revela el nivel de control territorial que ejercen las mafias y el miedo que paraliza incluso a autoridades electas. En la misma línea, el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini, reconoció la desprotección de las zonas críticas: “Atalaya tiene que tener política de Estado. Nadie la cuida.”

Gambini advierte que la Policía y la Fiscalía no tienen los recursos ni logística para combatir este flagelo.

Para los pueblos indígenas, la situación es aún más alarmante. Jamer López, presidente de ORAU, señaló: “Tenemos casi 200 líderes indígenas amenazados. (…) La mayoría no denuncia por desconfianza hacia el Estado.” Su testimonio confirma que el sistema de garantías personales y de protección —del Ministerio de Justicia y la Policía— se ha convertido en un trámite sin respaldo operativo. Las comunidades han debido recurrir a mecanismos de autoprotección, vigilancia territorial y resistencia colectiva para sobrevivir.

Alcalde Pacho Mendoza reconoció la inmensa presencia del narcotrafico en su provincia.

Las voces de quienes han puesto el cuerpo son irrefutables. Jessica Díaz, comunera que denunció minería ilegal en Paucarcito, relató que fue golpeada, amarrada y dejada bajo el sol sin agua, con el objetivo de que muriera. Fue expulsada de su comunidad y hoy vive desplazada por defender su territorio. Marcelino Tangoa, actual apu de Unipacuyacu, heredó las amenazas que acompañaron el asesinato de Arbildo Meléndez en 2020. Pese a ello, continúa exigiendo titulación comunal y presencia estatal real, no solo documentación burocrática.

Los testimonios contenidos en el reportaje revelan un Estado que ha cedido terreno a las mafias y ha dejado a los pueblos indígenas convertidos en escudos humanos frente al narcotráfico, la minería ilegal y la tala. Los mecanismos de protección, diseñados para cuidar a quienes levantan la voz, se han convertido en documentos que no frenan balas ni detienen sicarios. La violencia crece porque la impunidad es su mejor aliada.

Atalaya, la provincia con más narcotráfico cuenta con menos de un centenar de efectivos policiales. Las que sí superan el ciento son las narcopistas. | Foto: Mongabay

Desde La Voz Ucayalina reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del territorio, con la vida de los defensores indígenas y con el periodismo que desmonta el silencio. Hemos seguido durante años el caso Saweto, hemos expuesto la expansión de narcopistas y hemos acompañado denuncias de comunidades que claman por protección. Exigimos al Estado peruano asumir con urgencia una política de protección real y articulada, con recursos, seguridad y presencia sostenida en las zonas más golpeadas por el crimen. La Amazonía no puede seguir pagando el precio de la indiferencia nacional ni de la corrupción que se enquista desde Lima hasta el último juzgado rural.

Saweto es sin duda el caso insigne de búsqueda de justicia por la muerte de líderes indígenas.